Las fuerzas de seguridad argentinas reprimieron este jueves 15 de octubre con gases lacrimógenos y camiones hidrantes a manifestantes que participaban de la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, en Buenos Aires. Los incidentes se produjeron durante una multitudinaria movilización para exigir al Gobierno del presidente Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
Los enfrentamientos comenzaron durante la tarde, cuando grupos de manifestantes arrojaron piedras contra los efectivos policiales desplegados en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases y chorros de agua a presión para dispersar a los presentes.
Las imágenes difundidas por los medios locales mostraron momentos de tensión, corridas y enfrentamientos en las calles cercanas al Congreso. "La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica", denunció un joven entrevistado por TN.
Los enfrentamientos dejaron al menos ocho policías heridos y 25 personas detenidas en Buenos Aires, según informó el canal argentino A24. Los incidentes se produjeron en medio del operativo de seguridad desplegado durante la movilización universitaria frente al Congreso.
Legisladores afectados
En medio de los disturbios, un individuo encapuchado agredió a un camarógrafo del canal C5N que intentaba filmarlo. El ataque quedó registrado durante una transmisión en vivo y provocó nuevas denuncias sobre la presencia de presuntos infiltrados entre los manifestantes, aunque esa circunstancia no ha sido confirmada.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, cuestionó duramente el operativo policial. "No tiene ningún sentido la represión que están haciendo. La marcha venía absolutamente normal y pacífica", afirmó, al denunciar que incluso legisladores resultaron afectados por los gases.
La protesta reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones sociales que reclaman la aplicación de la ley de financiamiento, sancionada por el Congreso y vetada posteriormente por Milei. La norma fue ratificada por el Parlamento, pero continúa sin aplicarse, en medio de una disputa judicial entre las universidades y el Ejecutivo.