La causa por la muerte de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, una de las tragedias marítimas más graves en la historia de Argentina ocurrida el 15 de noviembre de 2017, regresó a la Cámara Federal de Casación Penal con dos planteos opuestos de las querellas de familiares, recogen medios locales.
Por un lado, las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de 34 familias de las víctimas, pidieron que se cumpla efectivamente la condena impuesta y cuestionaron las absoluciones, señalando que "la tragedia era evitable". "A casi nueve años del hundimiento, estamos ante una oportunidad histórica: evitar que un hecho de esa magnitud vuelva a cobrarse la vida de personal de las Fuerzas Armadas", señalaron.
El pasado 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al excapitán de navío Claudio Javier Villamide, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado. El mismo veredicto absolvió al contralmirante retirado Luis López Mazzeo y a los capitanes Héctor Alonso y Hugo Correa.
El debate, que duró más de cuatro meses con unas 30 audiencias, estableció que el submarino zarpó con deficiencias técnicas conocidas, incluido el vencimiento del carenado y problemas en la válvula E19. Según los jueces, Villamide autorizó la patrulla pese a esas fallas y no adoptó medidas suficientes cuando la nave reportó ingreso de agua, cortocircuito y principio de incendio.
En ese sentido, las abogadas solicitaron que la condena a Villamide pase a prisión efectiva y que se revoque la absolución de López Mazzeo, señalando que el juicio oral logró probar "lo que durante años se intentó silenciar: el submarino no estaba en condiciones de cumplir su misión. Aquel final trágico era evitable".
Por otro lado, la querella encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, pidió directamente la nulidad del juicio y reclamó un nuevo debate en Mar del Plata. Así, cuestionó la falta de pericias ordenadas, la actuación de la jueza federal Marta Yáñez, las restricciones durante el debate y la competencia territorial del tribunal.
El recurso de Carreras y Arias incluyó un comunicado advirtiendo sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas, cuestionando los bajos salarios del personal militar y la precaria situación de la obra social. La causa queda ahora en manos de Casación, que deberá resolver si admite los planteos de ambas querellas.
