Los nombres de varias empresas militares privadas estadounidenses han salido a flote frente a una eventual contratación por parte del Gobierno de Donald Trump, para supuestamente resguardar la infraestructura petrolera en Venezuela, tras la agresión militar estadounidense del pasado 3 de enero en varias ciudades del país suramericano.
La información, difundida por CNN, da cuenta de que varias compañías compiten por hacerse un lugar en Venezuela y por obtener jugosas ganancias millonarias, como lo hicieron durante distintas operaciones militares de EE.UU. en países como Irak, donde Washington desembolsó aproximadamente 138 millones de dólares en contratistas privados de seguridad.
Aunque los poderes públicos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los organismos de seguridad funcionan con normalidad en Venezuela y resguardan la infraestructura estratégica nacional, el citado medio sostiene que fuentes anónimas han dicho que estas contratistas de mercenarios mantienen incipientes conversaciones con autoridades estadounidenses sobre cómo asegurar los activos petroleros en territorio venezolano.
Esta semana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó el control pleno que mantiene la FANB para "garantizar el orden, la paz social y la estabilidad" del país suramericano y expresó que "ante la amenaza militar que está aún desplegada en el Caribe, Venezuela tiene que continuar su camino".
Asimismo, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, manifestó que "Venezuela recobra su normalidad en paz y bajo un clima de absoluta tranquilidad".
¿Cuáles son las empresas?
La semana pasada, el Departamento de Defensa de EE.UU. habría emitido una solicitud de información a los contratistas sobre su capacidad para apoyar posibles operaciones militares en Venezuela. Asimismo, los contratistas estarían en contacto con la oficina de operaciones de construcción en el extranjero del Departamento de Estado para ofrecer sus servicios cuando la embajada estadounidense en Venezuela se reabra, conforme las fuentes citadas por CNN.
Mucho antes de la agresión de EE.UU. al país suramericano —que dejó como saldo el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, la muerte de más de 100 personas y la destrucción de infraestructura privada y pública—, las cabezas de algunas contratistas de seguridad estadounidenses habían mostrado su interés por derrocar al mandatario y por abrir el mercado de operaciones en Venezuela.
Entre los nombres que se manejan, se encuentra Grey Bull Rescue Foundation, una compañía privada de seguridad que realiza operaciones especiales, que se atribuye el haber liderado las acciones para supuestamente sacar de su país a la opositora extremista venezolana, María Corina Machado, quien después viajaría a Noruega, sin que haya confirmación sobre la veracidad de ese hecho.
Al frente de Grey Bull Rescue se encuentra el exmilitar estadounidense Bryan Stern, cuya "trayectoria profesional incluye experiencia avanzada en rescate de rehenes, contraterrorismo, contraproliferación, protección de tecnología crítica y guerra no convencional", según la página web de la contratista.
El lado B de la inversión extranjera
Al ser consultado sobre si creía que había trabajo de empresas de mercenarios en la nación suramericana, manifestó que era "un poco prematuro, pero se está hablando de ello" y agregó que su compañía tenía meses haciendo operaciones en la región.
"La inversión extranjera regresa, y cuando lo hace, trae consigo a un montón de miembros de la Marina, Boinas Verdes y ninjas para mantenerla a salvo", dijo el experto en guerra no convencional. "Será muy parecido a eso en Venezuela", agregó.
Previamente, Stern había mostrado su aversión al Gobierno de Maduro. En una entrevista de La Vanguardia publicada en diciembre pasado, aseguró que "pensaba todos los días" en secuestrarlo y soltó que estaba dispuesto a hacerlo, si lo llamaban. Según su relato, la supuesta operación de "rescate" de Machado le había dado visibilidad en los medios y quería aprovecharlo.
Otra contratista con la vista puesta en Venezuela
Otra ficha que resuena es la de Erik Prince, fundador del ejército privado Blackwater y uno de los partidarios más destacados del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ya opera en la región con su empresa privada, que tiene un acuerdo por 10 años con Haití para supuestamente luchar contra las bandas de crimen organizado y luego recaudar impuestos.
Ya Caracas había denunciado en diciembre de 2024 que un grupo de mercenarios, entre los que se encontraba Prince, tenían un plan para "generar violencia" en el país, en conjunto con sectores de la ultraderecha venezolana.
En 2019, año en que el exdiputado venezolano Juan Guaidó se autojuramentó como presidente interino —sin ninguna validez legal pero con el sólido respaldo de EE.UU. y un grupo de países de América Latina y la Unión Europea—, Prince lideraba un plan para formar un ejército privado para derrocar a Maduro.
La postura del exmilitar estaba de manifiesto en sus redes, donde pedía aumentar la recompensa por información que llevara a la captura de Maduro, llamaba a una rebelión militar y aparecía al frente de un movimiento llamado 'Ya casi Venezuela', que supuestamente recaudaba fondos para una eventual invasión al país suramericano.
En días pasados, el mercenario estadounidense respondió un mensaje en X a Machado en el que escribió: "Sí, señora, 'Ya casi Venezuela' también hará su parte. 'Manténganse firmes'.
Pretendido control de EE. UU.
Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han atribuido el control unilateral de la industria petrolera venezolana durante tiempo "indefinido", tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.
También han declarado que las autoridades venezolanas les han suministrado gran cantidad de petróleo, al tiempo que insisten en amenazar con recurrir nuevamente al uso de la fuerza, si no consiguen los objetivos que han impuesto.
A contrapelo de las afirmaciones, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que está en marcha una negociación con la Casa Blanca para la "venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", en estricta observancia de los "criterios de legalidad, transparencia y beneficio" para las dos partes.
"Nosotros aquí tenemos una postura muy clara: que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales", dijo, por su lado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
