La Cámara de Diputados debatirá este 5 de noviembre si acusa formalmente al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y envía el caso al Senado para un eventual juicio político, después de que la oposición presentara un libelo para sacar adelante un pedido de juicio político por la crisis desatada tras la intervención del Ueno Bank.
De acuerdo a la prensa local, la iniciativa no solo cuenta con el respaldo de parlamentarios opositores, sino también con el apoyo de sectores disidentes del oficialismo, que cuestionan el papel que jugó el mandatario en el funcionamiento de la entidad financiera, ahora intervenida por el Banco Central de Paraguay (BCP).
"El presidente Santiago Peña Palacios ha subordinado flagrantemente la administración del Estado a su interés privado (...), esta conducta no solo constituye un mal desempeño institucional severo, sino que configura sólidos indicios del delito de enriquecimiento ilícito, haciendo imperiosa su remoción para salvaguardar el orden republicano", señala el documento presentado por los diputados, como parte de un reclamo que también realizan ciudadanos.
Sin embargo, la petición contra Peña debe superar todavía un obstáculo: conseguir el quórum para avanzar en la acusación. La víspera, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a una la sesión este jueves a las 10:00 de la mañana que analizará la cuestión, mientras persisten las protestas de los afectados en las calles de Paraguay y aumenta la presión contra el mandatario.
¿Por qué quieren procesar a Peña?
El problema principal para el presidente es que una investigación periodística, publicada el pasado 17 de octubre, reveló que Ueno Holding Saeca, una firma vinculada a Ueno Bank, pagó por lo menos hasta marzo de 2026 una fortuna de 30.000 millones de guaraníes (unos 5 millones de dólares) a una empresa en la que el presidente figuraba como accionista.
Además, en septiembre de 2023, cuando recién comenzaba su Gobierno, Peña designó al frente del Banco Central de Paraguay (BCP) a Carlos Carvallo, un exdirectivo de la Financiera Ueno, lo que significa que, a partir de ese momento, debía supervisar que su anterior empleador cumpliera con las leyes financieras, lo que no ocurrió.
El caso también involucra al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía cerca de 345 millones de dólares invertidos en Ueno Bank mediante certificados de depósito y bonos financieros.
Estas inversiones forman parte de los cuestionamientos planteados por los diputados. Por otra parte, el banco gestionaba el pago de las jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios del IPS, aunque esos desembolsos se financian con los aportes de trabajadores y empleadores, no con las inversiones financieras de la institución.
¿Qué es el juicio político?
El juicio político, destaca el diario ABC, es una herramienta de control del Congreso que define si una autoridad puede o no seguir en el cargo. El procedimiento está regulado por el artículo 225 de la Constitución y aplica para la cúpula del Estado, es decir: presidente y vicepresidente, ministros del Ejecutivo, magistrados de la Corte Suprema, fiscal general, defensor del pueblo, contralor y subcontralor, y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Aunque los diputados disidentes del oficialismo respaldaron el pedido contra Peña, no apoyaron la iniciativa contra el vicepresidente Pedro Alliana. Por ello, el libelo contra el mandatario reunió 35 firmas, mientras que el dirigido contra Alliana obtuvo 30. Ambos documentos fueron presentados formalmente.
En teoría, para activar el juicio político es necesario que se cumpla al menos una de las tres causales contempladas por la Carta Magna:
- Mal desempeño de funciones. Negligencia grave, falta de idoneidad, abuso del cargo. El libelo contra Peña se sostiene en esta causal que, por su naturaleza, no implica en sí misma la comisión de un delito.
- Delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
- Delitos comunes, aunque no tengan relación con la función pública.
Paso a paso
La Cámara de Diputados puede sesionar solo si cumple el quórum para el debate, es decir, 41 parlamentarios presentes, de los 80 que conforman su totalidad.
Una vez logrado ese requisito, al menos dos tercios de los que están en la sesión deben aprobar la acusación. El dato es clave para impulsar o no el avance de la iniciativa, ya que si acuden los 80 parlamentarios, los demandantes requieren 54 votos; si se hace con quórum mínimo, bastan solo 28.
Hasta ahora, los impulsores de la acusación tienen 35 firmas para respaldar su moción. En caso de que prospere, se nombrará una comisión legislativa para hacer de fiscal ante el Senado; de lo contrario, Peña no podrá volver a ser acusado por el mismo motivo.
¿Cuál es el tribunal?
En caso de que el pedido tenga luz verde, el Senado actuará como tribunal: aprobará un reglamento, notificará al acusado y establecerá un plazo para defenderse en sesiones públicas y orales. Para una condena, se exigen estrictamente 30 votos de los 45 escaños totales, y la ausencia juega a favor del imputado.
Si finalmente hay una condena, la destitución es inmediata. En el caso del presidente, implica la pérdida de su curul como senador vitalicio y, si hay indicios de delitos, los antecedentes se derivan a la Fiscalía y la Justicia ordinaria.
¿Quién queda en el poder si hay una destitución?
Por lo general, si cae el presidente, su sucesor natural es el vicepresidente, en este caso, Alliana. El siguiente en la línea sería el líder del Senado, Basilio Núñez, quien también es parte del partido oficialista.
Antecedentes
Por ahora, el único presidente de Paraguay destituido por esta vía ha sido el izquierdista Fernando Lugo, en junio de 2012. En un juicio exprés, que duró menos de dos días, el mandatario fue removido del cargo en una acción que fue calificada de golpe parlamentario por varios Gobiernos de la región.
La acción contra Lugo avanzó de manera expedita porque las mayorías en el Congreso estaban decidas de antemano, un panorama que no se dará en esta oportunidad.